El trabajo forzoso persiste en la industria azucarera

Santo Domingo, República Dominicana – 12 de septiembre de 2026

Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por la persistencia del trabajo forzoso en la industria azucarera dominicana y denunciamos la complicidad del Gobierno dominicano y de autoridades estadounidenses, reflejada, entre otros hechos, en el levantamiento de la restricción a las importaciones de azúcar de Central Romana pese a la persistencia de denuncias sobre trabajo forzoso. Esta realidad consta en diversas investigaciones e informes sobre derechos humanos, incluyendo el reciente informe de Corporate Accountability Lab (CAL), Bitter Empire: Labor Exploitation in the Dominican Sugar Sector and the Trump-Billionaire Alliance Behind It (1) . Las graves condiciones laborales y de vida documentadas en el sector azucarero dominicano no son nuevas ni pueden descartarse calificándolas de falsas o difamatorias (2.)

Durante años, organizaciones de la sociedad civil, trabajadores cañeros y comunidades de los bateyes hemos denunciado salarios insuficientes y poco transparentes,jornadas excesivas, viviendas precarias, aislamiento y temor a represalias, así como la falta de documentación migratoria y el uso de la deportación como mecanismo de presión contra trabajadores de origen haitiano que reclaman sus derechos laborales (3), entre otras condiciones asociadas a indicadores de trabajo forzoso. Estas preocupaciones llevaron en noviembre de 2022 a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) a imponer una Orden de Retención de Importaciones (Withhold Release Order, WRO) al azúcar producido por Central Romana (4.) El informe de CAL, basado en más de tres años de investigación de campo y entrevistas con trabajadores, aporta nueva evidencia de que las condiciones e indicadores de trabajo forzoso persisten, a pesar de que la administración Trump levantó la WRO en marzo de 2025.

Central Romana ha invocado una evaluación de la firma Elevate para negar la existencia de trabajo forzoso, sin hacer público el informe (5.) Si la empresa utiliza esa evaluación para defender sus prácticas laborales, debe publicar íntegramente sus resultados, metodología y recomendaciones. La transparencia exige que la documentación utilizada para sustentar esas afirmaciones pueda ser sometida al escrutinio público.

De otro lado, resulta particularmente preocupante que las autoridades dominicanas pretendan negar la persistencia del trabajo forzoso o desestimar las condiciones indignas y de superexplotación denunciadas en el sector azucarero (6),  cuando las propias políticas del Estado han contribuido a profundizar la vulnerabilidad de quienes realizan este trabajo, mayoritariamente personas migrantes haitianas y de ascendencia haitiana (7).

Las políticas migratorias del Gobierno dominicano, incluidas las deportaciones masivas, han profundizado la desprotección y marginalización de la población haitiana y de ascendencia haitiana. La falta de garantías efectivas de debido proceso expone a esta población a detenciones arbitrarias y deportaciones contrarias a la normativa nacional, mientras persisten barreras para la regularización, el acceso a servicios esenciales y el ejercicio y defensa de sus derechos. En esas condiciones, no puede afirmarse seriamente que los trabajadores del sector azucarero se encuentren en plena libertad para denunciar abusos, abandonar un empleo, exigir salarios y prestaciones o acudir a la justicia. Quien vive bajo el miedo, la incertidumbre y la amenaza permanente de expulsión difícilmente puede ejercer sus derechos laborales en condiciones de igualdad.

Por tanto, el Gobierno dominicano no puede limitarse a descalificar las denuncias ni desentenderse de las circunstancias que incrementan el riesgo de trabajo forzoso. El Estado tiene la obligación de proteger a todas las personas bajo su jurisdicción, con independencia de su nacionalidad, ascendencia o situación migratoria, y de garantizar que ninguna política pública convierta la vulnerabilidad migratoria en una herramienta de sometimiento laboral.

De igual forma, resulta contradictorio que el Gobierno estadounidense haya impuesto aranceles a República Dominicana y otras economías por no imponer o aplicar efectivamente una prohibición a las importaciones de mercancías producidas con trabajo forzoso (8), mientras permite nuevamente el ingreso al mercado estadounidense del azúcar producido por Central Romana, pese a la persistencia de denuncias e indicadores de trabajo forzoso. Esta contradicción pone en entredicho la coherencia de la política estadounidense contra el trabajo forzoso y exige esclarecer las circunstancias en las que fue levantada la WRO.

 Por ello, las organizaciones y personas firmantes:

• Respaldamos la importancia de los hallazgos documentados por CAL y reafirmamos que coinciden con preocupaciones sobre trabajo forzoso y otros abusos laborales que trabajadores, comunidades y organizaciones venimos denunciando desde hace años.
• Exigimos a Central Romana publicar íntegramente el informe de Elevate, así como las demás auditorías y documentación utilizadas para sostener que no existe trabajo forzoso y defender sus prácticas laborales.
• Instamos a Central Romana a adoptar medidas verificables y sostenidas para eliminar los factores que generan riesgo de trabajo forzoso y garantizar condiciones laborales y de vida dignas, acceso a seguridad social y mecanismos de denuncia independientes y libres de represalias.
• Solicitamos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) hacer públicos losfundamentos y la evidencia que sustentaron el levantamiento de la WRO y realizar una nueva investigación, a la luz de la evidencia disponible, para determinar si corresponde restablecerla conforme a la legislación estadounidense.
• Exigimos al Estado dominicano investigar las violaciones a la legislación laboral en la industria azucarera, sancionar los abusos y garantizar los derechos laborales y humanos de todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, ascendencia o estatus migratorio, asegurando que sus políticas no profundicen su vulnerabilidad ni obstaculicen su acceso a servicios esenciales, protección institucional y justicia.

El levantamiento de la restricción de importaciones no demuestra que el trabajo forzoso haya terminado. Ante la persistencia de las condiciones denunciadas, ambos gobiernos deben responder. Negar las denuncias no cambia los hechos. 

Consultar organizaciones firmantes