“Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que te sacó de allí el Señor tu Dios con mano fuerte y brazo extendido” (Dt 5, 15)

El 23 de noviembre de 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) emitió una Orden de Retención (WRO, por sus siglas en inglés) contra el Central Romana (CR), prohibiendo el ingreso de azúcar y productos derivados desde República Dominicana, tras identificar prácticas consistentes con el trabajo esclavo.

Los indicadores documentados incluyeron: abuso de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, trabajo infantil, apatridia, condiciones de vida y laborales inadecuadas, y jornadas excesivas. El trabajo forzoso en las cadenas de suministro con destino a EE. UU. está prohibido por la Ley Arancelaria de 1930.

El 17 de marzo de 2025, CBP levantó dicha orden, sugiriendo que la empresa había abordado las irregularidades señaladas. No obstante, las organizaciones firmantes -que desde hace años documentan de forma directa la situación en los bateyes y comunidades de trabajadores- afirman que los indicadores de trabajo forzado persisten, y se han agravado en un contexto de creciente hostilidad y políticas migratorias restrictivas en República Dominicana.

Desde la modificación de la orden, los cortadores de caña del CR han reportado a CAL (Corporate Accountability Lab), organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a los derechos humanos, que no acepta financiación de empresas ni de fundaciones alineadas con intereses corporativos, un rápido empeoramiento de sus condiciones laborales, incluyendo jornadas excesivas sin pausas para descansar, amenazas de deportación y un aumento en la vigilancia. Además, los trabajadores informan que algunos cortadores y sus familias están sufriendo desalojos forzosos de propiedades de la empresa; que la empresa ha restringido el acceso de la sociedad civil a los trabajadores mediante nuevos puestos de control armados; que está reprimiendo la participación de los trabajadores en formaciones sobre derechos laborales; y que las fuerzas de seguridad privada han intimidado repetidamente a grupos de trabajadores, en un aparente intento de sofocar cualquier intento de organización. En al menos una ocasión desde la modificación, los guardias han fotografiado a los participantes de una reunión e informado de que las reuniones entre trabajadores están prohibidas.

Desde finales de 2023, el gobierno dominicano ha venido endureciendo sus políticas migratorias, con operativos de detención más frecuentes, deportaciones masivas y un clima creciente de hostilidad hacia la población haitiana y de ascendencia haitiana. Estas medidas han profundizado la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes, quienes constituyen la mayor parte de la fuerza laboral en el CR. El temor a ser deportados, incluso en el trayecto hacia sus labores o en sus propios lugares de residencia, ha incrementado su dependencia de la empresa, reducido sus posibilidades de denuncia y deteriorado aún más sus condiciones de vida.

Además, se ha recibido información de cómo el CR ha endurecido las medidas de seguridad en sus instalaciones, con presencia constante de personal de vigilancia y mayores restricciones de movilidad dentro y fuera de los bateyes. Esto ha intensificado el aislamiento físico y social de los trabajadores, profundizando su desconexión con redes externas de apoyo, y alimentando el miedo a represalias en caso de que intenten denunciar irregularidades o salir del espacio asignado sin autorización. Esta situación refuerza varios de los indicadores de trabajo forzado descritos por organismos internacionales: aislamiento, abuso de vulnerabilidad y restricción de movimiento.

Las condiciones previamente señaladas por CBP no han sido corregidas de forma estructural. Persiste la retención parcial de salarios, la falta de claridad en los pagos, y la ausencia de remuneración por horas extras. Las viviendas en los bateyes siguen siendo precarias y muchas están alejadas de servicios básicos. Las jornadas laborales se mantienen prolongadas y sin las garantías mínimas exigidas por la ley.

Frente a esta realidad, resulta preocupante que el levantamiento de la WRO se haya producido sin que medie una evaluación pública, técnica e independiente que verifique mejoras sustanciales en las condiciones laborales. Un reciente artículo de The New York Times sugiere que la decisión de CBP pudo haber estado influenciada por factores políticos, incluyendo vínculos entre los propietarios de la empresa y actores influyentes del gobierno estadounidense, más que por una verificación rigurosa del cumplimiento de estándares internacionales en materia de trabajo forzado. El Times señaló la estrecha relación entre la familia Fanjul, propietaria del CR, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, así como donaciones políticas significativas a la campaña de Trump.

Las organizaciones firmantes recuerdan que el trabajo digno no puede estar condicionado al estatus migratorio de ninguna persona. Las condiciones de precariedad, aislamiento y miedo documentadas son incompatibles con una vida digna y deben ser atendidas con urgencia por las autoridades competentes. En ese sentido, instan al CR para que cumpla con las normas nacionales e internacionales en materia laboral y de derechos humanos. Por ello, hacen un llamado a medios de comunicación, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales a seguir de cerca esta situación, exigir transparencia en las decisiones regulatorias y amplificar las voces de las personas directamente afectadas.

Para más información, evidencia documental o coordinar entrevistas, se puede contactar a las organizaciones firmantes: Centro de Investigación y Promoción Social (Cipros), Centro Montalvo, Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), Espacio de Capacitación, Pensamiento Crítico y Empoderamiento Juvenil (ESCAPE), Radio Seybo y la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC).